Carpeta con certificados y formularios sellados apoyada en el mostrador de una oficina pública

Certificados que el Estado no te puede pedir

Por el Decreto 353/023 una oficina pública no puede exigirte un certificado que ya puede obtener por interoperabilidad. Cómo invocarlo en la ventanilla.

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Equipo Conly

Cifras clave — Decreto 353/023

Decreto 353/023
Prohíbe a las entidades públicas pedir certificados cuya información esté disponible por interoperabilidad
Fuente: IMPO
9 de noviembre de 2023
Fecha del decreto: no es una novedad, es normativa vigente desde hace casi tres años
Fuente: IMPO
120 días hábiles
Plazo que fijó el decreto para que los organismos pasaran a obtener por esa vía la información ya disponible
Fuente: AGESIC

Hay una rutina que cualquier dueño de PYME uruguaya reconoce. Vas a una oficina pública a hacer un trámite, te piden un certificado de otra oficina pública, vas a la segunda, hacés la cola, pagás la tasa, volvés a la primera. Dos mañanas perdidas para mover un papel entre dos escritorios del mismo Estado.

Desde noviembre de 2023 eso no debería pasar. El Decreto 353/023 establece que las entidades públicas no deben solicitar certificados, certificaciones, testimonios ni documentación similar cuando la información que contienen puede obtenerse accediendo a los sistemas informáticos de otras entidades o a los servicios disponibles en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado.

La Plataforma de Interoperabilidad del Estado —la PDI— es el sistema que permite que un organismo le consulte un dato a otro sin que el ciudadano haga de mensajero.

Qué dice el decreto, concretamente

Tres obligaciones, y las tres le sirven al que está del otro lado del mostrador.

La primera es la prohibición: no pedir certificados, certificaciones, testimonios ni documentación similar cuando la información se puede obtener por interoperabilidad o accediendo al sistema del organismo que la tiene.

La segunda es el plazo. El decreto fijó 120 días hábiles para que los organismos pasaran a obtener por esa vía la información que ya estaba disponible. Ese plazo venció hace tiempo.

La tercera es de transparencia: los organismos tienen que publicar y revisar periódicamente los trámites y requisitos en el Catálogo de Trámites y Servicios del Estado. O sea que lo que te piden en la ventanilla debería coincidir con lo que está publicado.

El decreto también prevé caminos alternativos cuando no hay servicio de interoperabilidad disponible: el acceso autorizado al sistema del organismo que tiene la información, o la emisión de versiones digitales firmadas con firma digital y transmitidas por medios digitales seguros. El texto completo está en IMPO y el anuncio de AGESIC explica el alcance.

Esto ya rige. No confundirlo con lo que está en discusión

Importa marcar la diferencia, porque hay dos cosas distintas dando vueltas con un aire parecido.

El Decreto 353/023 está vigente. Es de noviembre de 2023 y se puede invocar hoy en un mostrador.

La Ley de Competitividad, con el silencio positivo y la ventanilla única de trámites, todavía era un proyecto en el Senado y hay artículos puntuales de ese paquete, como el del segundo importador, que siguen su propio camino. Eso no rige todavía.

La distinción es práctica: podés nombrar el decreto en la ventanilla. El proyecto de ley, no.

Los cinco límites del derecho

Que el derecho exista no significa que resuelva todo. Hay cinco casos donde no aplica, y conviene conocerlos para no discutir algo que no corresponde.

Solo cuando la información está efectivamente disponible. Si el dato no está en la PDI ni accesible en el sistema de la otra entidad, el organismo puede pedirte el documento y no está incumpliendo nada.

Alcanza a entidades públicas. Un banco, un cliente o un proveedor privado puede pedirte los certificados que quiera. El decreto no los obliga.

No reemplaza los documentos con formalidades propias. Si una norma específica exige un documento en original o con determinadas formalidades, eso sigue en pie.

El mostrador no siempre lo aplica. Es el caso más frecuente y el que más conviene tener pensado de antemano.

No te exime de estar al día. Si el certificado de BPS o DGI sale con deuda, el problema es la deuda, no el papel. La interoperabilidad hace que el organismo vea tu situación más rápido, no que sea mejor.

Qué hacer si te lo piden igual

El derecho sirve si lo podés ejercer sin pelearte con el funcionario que te atiende. Tres pasos, en orden, y ninguno es confrontativo.

Cómo hacerlo

Cómo invocar el Decreto 353/023 en una ventanilla pública

Qué decir y qué dejar por escrito cuando te piden un certificado que el Estado ya tiene.

  1. Paso 1 — Preguntar si el dato se puede obtener por interoperabilidad

    Planteado como consulta, no como reclamo: si la información del certificado está disponible por la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, el Decreto 353/023 dice que no corresponde pedirlo. Muchas veces el funcionario no sabe que el servicio existe para ese dato.
  2. Paso 2 — Pedir por escrito el fundamento del requisito

    Si igual te lo exigen, solicitá que te indiquen por escrito en qué norma se funda el pedido. También conviene chequear qué dice el Catálogo de Trámites y Servicios del Estado para ese trámite: el decreto obliga a los organismos a publicar ahí los requisitos reales.
  3. Paso 3 — Dejar constancia y escalar

    Si no hay respuesta, dejá constancia escrita de la solicitud y escalá al responsable del trámite o a la oficina de atención al usuario del organismo. Mientras tanto, si el trámite te corre un plazo, conseguí el certificado igual: tener razón no detiene un vencimiento.

Ese último punto es el que más vale. El derecho no hace que el trámite se resuelva solo, y un plazo vencido no se recupera con un argumento jurídico.

Qué significa esto para tu empresa

Para una PYME el valor de esto no es ideológico. Es tiempo.

El caso más frecuente en el que aplica es el certificado MIPYME, donde la lista de papeles que se piden incluye información que otros organismos ya tienen. Lo mismo pasa con habilitaciones y registros donde te mandan a buscar una constancia de BPS o de DGI.

La próxima vez que una oficina te mande a buscar un papel a otra oficina, vale una pregunta antes de salir caminando: ¿esto no lo pueden ver ustedes por interoperabilidad? En muchos casos la respuesta es sí, y nadie lo había preguntado.

Preguntas frecuentes

¿Qué dice exactamente el Decreto 353/023?
Que las entidades públicas no deben solicitar certificados, certificaciones, testimonios ni documentación similar cuando la información que contienen puede obtenerse accediendo a los sistemas informáticos de otras entidades o a los servicios disponibles en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado.
¿Es una novedad de 2026?
No. El decreto es del 9 de noviembre de 2023 y está vigente desde entonces. Fijó además un plazo de 120 días hábiles para que los organismos se adecuaran, plazo que ya venció. Lo que cambia con el tiempo es cuántos servicios hay efectivamente disponibles en la plataforma.
¿Un banco o un cliente privado puede pedirme certificados?
Sí. La prohibición alcanza a las entidades públicas únicamente. Un banco, una aseguradora, un cliente o un proveedor privado puede pedirte toda la documentación que considere necesaria, y el decreto no le aplica.
¿Qué hago si en la ventanilla me lo piden igual?
Primero preguntá si el dato se puede obtener por interoperabilidad, planteado como consulta. Si insisten, pedí por escrito en qué norma se funda el requisito y revisá el Catálogo de Trámites y Servicios del Estado. Si no hay respuesta, dejá constancia y escalá al responsable del trámite.
¿Me exime de estar al día con BPS y DGI?
No. Si tu empresa tiene deuda, el certificado va a salir con deuda igual, lo obtenga el organismo por interoperabilidad o lo lleves vos. El decreto cambia quién busca el dato, no cuál es el dato. El problema de fondo sigue siendo la deuda.
¿Aplica a cualquier certificado?
Solo a aquellos cuya información esté efectivamente disponible por la Plataforma de Interoperabilidad o por acceso al sistema de la entidad que la tiene. Si no está disponible, el organismo puede pedirte el documento. Tampoco reemplaza documentos que una norma específica exija en original.
¿Es lo mismo que la ventanilla única de la Ley de Competitividad?
No. La Ley de Competitividad, con el silencio positivo y la plataforma única de trámites, es un paquete legislativo distinto y más nuevo. El Decreto 353/023 ya rige y se puede invocar hoy; aquello todavía no está vigente.

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